En un fallo histórico, el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de La Plata dictó una sentencia a favor de los vecinos de French, quienes denunciaron la contaminación del agua potable, en el partido de Nueve de Julio (Buenos Aires). La resolución obliga a la empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) y a la Provincia de Buenos Aires a tomar medidas urgentes para asegurar la provisión de agua limpia y sin contaminantes para la comunidad.
El caso se originó en la causa “Kersich Juan Gabriel y otros c/ Aguas Bonaerenses s/ Amparo”, presentada por vecinos y organizaciones ambientales, quienes exigen el acceso al agua en condiciones seguras. Entre los amparistas se encuentran residentes de French y representantes de la Asociación Civil “Observatorio del Derecho a la Ciudad”, con el patrocinio del abogado Fernando Cabaleiro.
Los detalles de la sentencia
La sentencia ordena a ABSA a suministrar agua potable en bidones a los amparistas y a crear centros de distribución para el resto de los usuarios de French. Esta agua debe cumplir con estándares de calidad internacional, como la concentración de arsénico bajo los 10 microgramos por litro, además de estar libre de agrotóxicos. Las familias afectadas recibirán al menos 20 litros de agua potable por día mientras dure el proceso judicial.
En la misma línea, la resolución exige que ABSA realice análisis mensuales del agua para detectar arsénico y otros contaminantes. Estos resultados deberán publicarse en los medios locales y en las boletas de consumo, con el fin de garantizar la transparencia y el acceso a la información ambiental para los ciudadanos.
La Provincia de Buenos Aires deberá también efectuar análisis trimestrales de los niveles de agrotóxicos en las fuentes de agua subterránea de Nueve de Julio, incluyendo sustancias como glifosato, atrazina, y otros pesticidas de uso común en la zona agrícola. Estos resultados también serán de acceso público y se difundirán en medios de comunicación locales.
Protección de las áreas rurales
La sentencia busca proteger los pozos de bombeo y las áreas rurales habitadas, al establecer una “zona de exclusión” de 1000 metros alrededor de estos lugares donde queda prohibida la fumigación con agrotóxicos. Esta medida apunta a resguardar la salud pública, especialmente en comunidades rurales expuestas a las fumigaciones.
Los habitantes de French y activistas ambientales han celebrado el fallo, calificándolo de “precedente histórico” en la lucha por el acceso al agua potable y la protección contra la contaminación química. Sin embargo, los vecinos permanecen atentos al cumplimiento de la sentencia, demandando que las autoridades locales y provinciales aseguren el suministro de agua sin riesgos para la salud.
Este fallo representa un hito en la defensa del derecho ambiental y establece obligaciones claras para las empresas y el gobierno en cuanto al suministro de agua potable segura y el monitoreo de contaminantes peligrosos. La comunidad de French ha demostrado que la organización y la acción legal pueden ser herramientas efectivas en la defensa del medio ambiente y la salud pública.
Con información de Cuatro Vientos
