El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el despido de más de una docena de personal relacionado con investigaciones penales contra Donald Trump. Aunque no se confirmaron los nombres de los afectados, la agencia Associated Press informó que el fiscal general interino, James McHenry, ejecutó estas destituciones.
Un comunicado oficial del Departamento de Justicia confirmó: “Hoy, el Fiscal General Interino, James McHenry, puso fin al empleo de varios funcionarios del Departamento de Justicia que desempeñaron un papel significativo en el enjuiciamiento del presidente Trump”.
El texto continuó: “A la luz de sus acciones, el Fiscal General Interino no confía en que estos funcionarios puedan ayudar a implementar fielmente la agenda del presidente. Esta acción es coherente con la misión de poner fin a la politización del gobierno”.
La revancha de Trump contra el personal de Justicia
Trump firmó este decreto en su primer día de mandato para eliminar la supuesta “instrumentalización” del gobierno federal. Esta medida refleja su intención de purgar el Departamento de Justicia de empleados que no considera leales. Los despidos afectaron principalmente al equipo que trabajaba bajo la dirección del fiscal especial Jack Smith, quien renunció a principios de mes. Smith lideró las acusaciones en los dos casos federales contra Trump: el manejo de documentos clasificados en Mar-a-Lago y el intento de revertir las elecciones de 2020 con el asalto al Capitolio.
Jack Smith encabezó la lista de figuras que Trump buscó desplazar desde su regreso a la Casa Blanca. Otro miembro clave de su equipo, Jay Bratt, también abandonó el departamento este mes tras desempeñarse como fiscal principal en el caso de Florida. Smith, previendo que no podría procesar a Trump a partir del 20 de enero, solicitó la desestimación de ambos casos para permitir su reactivación una vez que el republicano termine su mandato.
La reorganización dentro del Departamento de Justicia también incluyó reasignaciones de personal con larga trayectoria en la institución. Trump ofreció al subfiscal general adjunto, Bradley Weinsheimer, un puesto en otra área. Weinsheimer trabajó durante tres décadas en el departamento y desempeñó un papel crucial como mediador en cuestiones éticas bajo varias administraciones. En 2021, facilitó los testimonios de exfuncionarios de Trump ante el Congreso sobre las acciones del presidente tras las elecciones de 2020, lo que lo colocó en la mira del actual mandatario.
El New York Times reportó que Weinsheimer, al igual que otros funcionarios, recibió un correo electrónico ofreciéndole un traslado al equipo que trabaja en ciudades santuario del departamento. Este movimiento se interpretó como un intento de presionarlo para que renuncie. Hasta ahora, el Departamento de Justicia no ha anunciado quién lo reemplazará en su cargo.
Una purga del Estado para el nuevo gobierno
La purga dentro del departamento forma parte de los pasos propuestos en el plan ultraconservador Project 2025. Este proyecto, respaldado por el think tank Heritage Foundation, promueve el concepto de “Ejecutivo unitario”, que coloca al Departamento de Justicia bajo el control directo del presidente. Trump negó conocer este plan, pero sus acciones reflejan una alineación con sus principios. La administración actual está eliminando a aquellos empleados que considera obstáculos para implementar su agenda y vengarse de sus adversarios políticos.
En abril, Trump explicó sus intenciones en una entrevista con la revista Time. En esa ocasión, declaró que el gobierno contaba con trabajadores “protegidos que no deberían estarlo”. Para enfrentarlo, sugirió restablecer la orden ejecutiva Schedule F, que permite al presidente despedir a cualquier funcionario gubernamental. Aunque no reactivó esa orden, firmó una similar para “garantizar la rendición de cuentas por la politización del gobierno federal por parte de la administración anterior en contra del pueblo estadounidense”.
Trump continúa ejerciendo un control más directo sobre el Departamento de Justicia mediante estas acciones. Los despidos y reasignaciones representan un esfuerzo por consolidar su poder dentro de la institución y garantizar que los empleados del departamento respalden su agenda. Estas decisiones también revelan su estrategia para neutralizar cualquier oposición interna en su camino hacia un segundo mandato.
Con información de elDiarioAr.
