La disolución de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda plantea dudas respecto del Plan Procrear y su continuidad. El Gobierno nacional eliminó la entidad mediante el Decreto 70/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial. La decisión responde a la premisa de que la política de vivienda debe ser gestionada por provincias, municipios y el sector privado. Esta medida impacta directamente en el futuro del programa, que quedará en manos de administraciones provinciales y municipales o del sector privado.
El Plan Procrear, programa de financiamiento de viviendas que funcionaba bajo la órbita estatal, contará con un nuevo esquema de administración. El Gobierno nacional anunció que ya no gestionará directamente las viviendas en construcción, sino que delegará la responsabilidad en provincias, municipios o empresas privadas. Actualmente, hay 17.000 viviendas en distintas etapas de construcción que pertenecen a este programa.
Cómo se terminarán las obras del Plan Procrear
Para garantizar la finalización de estas obras, el Ejecutivo implementará dos estrategias principales: la transferencia de proyectos a administraciones provinciales y la subasta de propiedades. En agosto de este año, se transfirieron desarrollos habitacionales a provincias como Catamarca, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. Mientras que en la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof también adoptó esta línea y asumió la responsabilidad de finalizar viviendas con un alto grado de avance.
En el Conurbano bonaerense, el gobierno provincial financió la construcción de 3.000 viviendas en Avellaneda con recursos propios. Según las nuevas disposiciones, es probable que municipios y empresas privadas finalicen las viviendas de Procrear en coordinación con el sector público, aunque ya no formarán parte de la gestión estatal nacional.
Propiedades en venta
El Gobierno evalúa poner a la venta los Desarrollos Urbanísticos de Procrear, conformados principalmente por departamentos o PH de dos y tres ambientes. Aún no se definió si contarán con financiamiento privado o si se entregarán a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para su disposición.
Desde principios de 2024, el Gobierno inició auditorías sobre las obras en ejecución. Cada proyecto es revisado individualmente para garantizar la transparencia en su gestión. Estas unidades habitacionales contaban con financiamiento del Banco Hipotecario y, en algunos casos, del Fondo de Integración Sociourbana (FISU), administrado por el Ministerio de Economía desde abril de 2024.
El Decreto 1018/2024, emitido en noviembre del año pasado, dispuso la disolución del Fondo Fiduciario Público del Procrear tras una auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). El informe identificó demoras en la entrega de viviendas y deficiencias en las condiciones de habitabilidad de unidades adjudicadas.
Cómo sigue el cierre de la secretaría
El cierre de la Secretaría de Desarrollo Territorial se implementará de manera ordenada mediante una Unidad Ejecutora Especial Temporaria (UEET), que garantizará la transición de responsabilidades. El Gobierno sostiene que la política habitacional se orientará hacia un esquema basado en créditos privados y la participación del sector privado en la financiación de proyectos inmobiliarios.
Los gremios advirtieron que esta medida podría derivar en el despido de unos 500 trabajadores de la ex Secretaría. En cuanto a la situación del personal, la normativa establece que quienes integran la planta permanente quedarán sujetos a lo dispuesto por el Decreto 1421/02.
