El juicio de los hermanos Germán y Sebastián Kiczka estará a cargo del Tribunal Penal Uno de Posadas integrado por los magistrados Gustavo Bernie, Viviana Cukla y César Yaya, quien actúa como juez subrogante. Comenzará el 31 de marzo y se extenderá durante 12 jornadas consecutivas. La sentencia está prevista para el 16 de abril. Se llevará a cabo en el SUM del Palacio de Justicia.
Por primera vez en Misiones, un juicio por delitos informáticos contará con la participación de dos fiscales. Así lo decidió el procurador general de Misiones, el Dr. Carlos Giménez. La decisión responde a la complejidad del caso y al volumen de pruebas digitales. “Para Misiones, es el primer juicio oral en esta temática por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. En Argentina, los medios nacionales y organizaciones internacionales van a estar mirando a ver qué pasa en nuestra provincia con este juicio” afirmó el procurador.
Giménez además explicó que tomo la decisión de designar un fiscal adjunto por la gravedad y trascendencia del juicio. “Hay mucha evidencia digital por analizar, obviamente por la particularidad de uno de los sujetos imputados y, sobre todo, por lo novedoso y minucioso que es el análisis de dicha evidencia digital”.
Martín Alejandro Rau liderará la acusación y contará entonces con la colaboración del Dr. Antonio Vladimir Glinka. “La sociedad misionera necesita saber qué pasó. Va a ser uno de los juicios más importantes en la historia de Misiones”, expresó el procurador general Carlos Giménez.
De acuerdo al inciso 14 del artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Misiones (Ley IV, número 15) “el Procurador General es el jefe del Ministerio Público y se encuentra facultado de designar a los fiscales que actuarán de manera adjunta al fiscal interviniente”.
67 testigos y una enorme cantidad de pruebas digitales
El juicio contará con 67 testigos, incluyendo peritos informáticos, investigadores y consultores técnicos. “Es un expediente con una particularidad especial: se basa en evidencia digital. Esto transforma el proceso en algo distinto a lo habitual. Las pruebas digitales incluyen 913 archivos de material de abuso sexual infantil hallados en los dispositivos de los acusados. Cuando el camino de la evidencia digital está bien hecho, es muy difícil cuestionar la autoría. Es como una prueba de ADN”, explicó el fiscal Rau.
Por su parte, Vladimir Glinka consideró que el volumen de la evidencia “es tanta que si hubiera que imprimirlo serían cientos de fojas. Justamente el trabajo coordinado de ambos garantizará un buen despliegue de la acusación en la Justicia”.
La defensa de los acusados estará a cargo de los abogados Eduardo Paredes y Gonzalo de Paula. Ambos representarán a Sebastián y Germán, respectivamente, quienes buscarán desacreditar las pruebas recolectadas durante la investigación o aminorar su impacto.
Para la fiscalía, este juicio marcará un antes y un después en la justicia provincial. “Es un expediente con un paradigma distinto. Investigar un delito en el ciberespacio es diferente a hacerlo en el mundo físico”, explicó Rau.
El fiscal destacó la complejidad del caso y el esfuerzo del equipo acusador. “Estamos poniendo todo nuestro empeño para representar a la sociedad de la mejor manera. Este expediente nos obliga a redoblar esfuerzos”, aseguró.
El procurador general Giménez, en el mismo sentido, resaltó la relevancia del caso. “A los fiscales les pedí que la acusación esté basada en hechos ciertos, con prueba sólida y fundada en derecho”, señaló Giménez.
Una investigación originada en Estados Unidos
La investigación del caso Kiczka comenzó en enero, con un reporte enviado desde Estados Unidos por la organización estadounidense NCMEC, que monitorea el tráfico de material pedófilo en redes y colabora con la Justicia argentina. El reporte fue recibido por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene al frente a la Dra. Daniela Dupuy. Comunicaba una alerta de actividades sospechosas desde una dirección IP en Apóstoles que estaba vinculada a la distribución de material ilegal.
La investigación a nivel provincial estuvo a cargo de juez Miguel Angel Faria, quien ordenó una serie de allanamientos donde se incautaron teléfonos y computadoras de los hermanos.
El 28 de febrero de 2024, la Policía Federal Argentina allanó el domicilio del padre de los hermanos Kiczka.
- El 6 de agosto el juez Farías ordenó allanar la vivienda de Germán Kiczka, en la que se secuestró una computadora personal del exdiputado misionero. Luego de realizar los registros en esa computadora se detectaron indicios de que podría haber compartido y descargado material pornográfico de menores de edad.
- El 3 de septiembre, la Justicia allanó el Bar Social, también en Apóstoles, un emprendimiento del legislador Pedro Puerta, hijo del histórico dirigente político Ramón Puerta, donde funciona un boliche y también una fábrica de cigarros. El procedimiento estuvo centrado en una oficina en la que el exdiputado provincial Kiczka trabajaba para la empresa de Pedro, el hijo del dos veces gobernador, exsenador y efímero presidente de la Nación, Ramón Puerta. “Secuestramos algunos elementos de soporte magnético para ser resguardados y luego analizados en la Secretaría de Apoyo a las Investigaciones Complejas (SAIC)” explicó en la ocasión el juez Farías.
- Posteriormente, el 6 de septiembre el juez ordeno allanar el despacho de Kiczka en la Cámara de Representantes de Misiones, donde se secuestraron una notebook, una CPU y un pendrive.
- Por último, el 18 de septiembre, Farías ordenó el allanamiento en la casa de los suegros de Germán Kiczka, donde se secuestraron dos computadoras del programa Conectar Igualdad y un disco rígido externo que fueron hallados en una bolsa. También se incautaron una CPU y cuatro teléfonos celulares.
Los investigadores también detectaron que el exdiputado utilizaba el programa E-Mule, una herramienta de intercambio de archivos. “Las descargas se dan a ciegas. Uno no sabe lo que es hasta que descarga”, intentó justificar Kiczka durante su indagatoria.
Sin embargo, los peritos hallaron conversaciones en Telegram y envíos de archivos por WhatsApp. Además, el día del allanamiento, Kiczka cambió el nombre de una carpeta clave desde Brasil, mientras se hallaba de viaje, lo cual, según la fiscalía, indica una maniobra para ocultar pruebas.
En el camino de reunir la evidencia, los peritos encontraron un total de 913 archivos ilegales.
Caso Kiczka: un hito en la historia judicial misionera
Para la fiscalía, este juicio marcará un antes y un después en la justicia provincial. “Es un expediente con un paradigma distinto. Investigar un delito en el ciberespacio es diferente a hacerlo en el mundo físico”, explicó Rau.
El fiscal destacó la complejidad del caso y el esfuerzo del equipo acusador. “Estamos poniendo todo nuestro empeño para representar a la sociedad de la mejor manera. Este expediente nos obliga a redoblar esfuerzos”, aseguró.
El procurador general también resaltó la relevancia del caso. “A los fiscales les pedí que la acusación esté basada en hechos ciertos, con prueba sólida y fundada en derecho”, señaló Giménez.
El juicio Kiczka no solo es el primero en Misiones sobre esta temática, sino que también inaugura un nuevo paradigma en la evaluación de pruebas digitales. La justicia provincial se enfrenta a un desafío sin precedentes en la lucha contra los delitos informáticos.
La trascendencia nacional e internacional, participación de dos fiscales para procesar una enorme cantidad de evidencia, el uso de tecnología forense de última generación, y una larga lista de testigos convierten al caso Kiczka en el más relevante de la historia judicial de Misiones. La sociedad misionera seguirá de cerca un juicio que promete marcar un antes y un después en la provincia.
