El juez Roberto Andrés Gallardo, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°2 de la Ciudad de Buenos Aires, enfrentó una denuncia por parte del Ministerio de Seguridad Nacional. El motivo radicó en una serie de decisiones judiciales que, según la cartera conducida por Patricia Bullrich, excedieron su competencia y afectaron facultades exclusivas del Poder Ejecutivo Nacional. El punto de conflicto surgió luego de que Gallardo ordenara a la Policía de la Ciudad que garantice custodia en la próxima marcha de jubilados, programada para el 9 de abril en las inmediaciones del Congreso Nacional.
Fernando Soto, Director Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos, encabezó la presentación ante el Consejo de la Magistratura porteño. Soto fundamentó la denuncia en una medida cautelar que el juez resolvió tras un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT), la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN). Las organizaciones gremiales solicitaron que las fuerzas de seguridad federales se abstuvieran de intervenir en movilizaciones dentro de la Ciudad de Buenos Aires, argumentando la supuesta vulneración de derechos durante protestas anteriores.
La decisión del juez Gallardo que provocó la denuncia
El juez Gallardo accedió a esa solicitud el sábado 6 de abril. Según el texto presentado al Consejo de la Magistratura, el magistrado “habilitó indebidamente la jurisdicción judicial mediante una interpretación subjetiva y forzada de los hechos”. Además, resolvió en días y horarios inhábiles, fuera del turno judicial, pese a la objeción del Ministerio Público Fiscal. El fiscal del caso consideró que no existía un “caso judicial concreto” y recordó que resoluciones previas habían rechazado planteos similares por falta de legitimación activa y jurisdicción.
El Ministerio de Seguridad Nacional consideró que el accionar de Gallardo violó la Ley Nacional de Seguridad Interior (Ley N°24.059) al entrometerse en cuestiones que afectan competencias del Ejecutivo. En este sentido, la denuncia señaló que el juez tomó una decisión que “impacta en el ejercicio de funciones y facultades asignadas al ministerio por la Presidencia de la Nación”.
La resolución judicial ordenó a las fuerzas federales —Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria— que “se abstengan de intervenir e interferir en la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo que a seguridad pública respecta”. A criterio del Ministerio, esa medida extendió de manera indebida las competencias locales del juez y afectó la actuación de las fuerzas federales en materia de seguridad.
Las polémicas del caso
Uno de los puntos más polémicos de la denuncia giró en torno a la habilitación de días inhábiles para tratar el amparo. Según el escrito, los peticionantes presentaron la solicitud a última hora del viernes 4 de abril, buscando que el caso quedara bajo la órbita de Gallardo y no del juez de turno. Esta maniobra generó acusaciones de “forum shopping”, una práctica que busca tribunales específicos con mayor probabilidad de fallar a favor de las partes demandantes.
El texto presentado ante el Consejo de la Magistratura cuestionó que el juez haya invocado “la urgencia de la tutela judicial ante un riesgo cierto y previsible”, cuando los hechos relatados eran “completamente hipotéticos”. Además, criticó que justificara su intervención bajo el argumento de una “controversia administrativa local”, sin fundamentos sólidos desde el punto de vista jurídico, dado que el planteo involucraba normas federales.
El Ministerio de Seguridad también denunció que el juez limitó indebidamente el accionar de las fuerzas federales al ordenar su no intervención en la manifestación del 9 de abril, salvo en los casos que involucraran intereses estrictamente federales. La resolución judicial, afirmaron desde la cartera de seguridad, “restringe indebidamente el rol de las fuerzas federales en garantizar la seguridad”. El escrito concluyó con una advertencia: “No intervenir implicaría declinar las misiones y funciones de seguridad asignadas constitucionalmente al Estado Nacional”.
La denuncia busca que el Consejo de la Magistratura porteño investigue si existió mal desempeño por parte del juez Gallardo. En caso de avanzar, el proceso podría derivar en sanciones disciplinarias o incluso en un juicio político, si se comprueban las irregularidades denunciadas. Ahora, el organismo deberá analizar la admisibilidad de la presentación y, eventualmente, definir una estrategia investigativa para esclarecer los hechos.
