En búsqueda de optimizar la gestión administrativa y simplificar las competencias dentro de la Presidencia, el Gobierno nacional eliminó la Secretaría de Planeamiento Estratégico Normativo.
A través del Decreto 271/2025 publicado en el Boletín Oficial, este miércoles, el Ejecutivo alegó que “resulta necesario suprimir el organismo”. Esta decisión se tomó tras la reasignación de quien era titular de la cartera, María Ibarzabal Murphy, —de la cual estaba a cargo desde abril de 2024—. Hace tan solo unos días, Ibarzabal Murphy fue designada al frente de la Secretaría de Legal y Técnica.
Su nombramiento se dio luego de la renuncia de Javier Herrera Bravo, quien ocupaba el cargo desde el inicio de la gestión libertaria. El antiguo funcionario sostuvo que su salida se debía a problemas de salud.
De acuerdo con lo mencionado por el documento, las funciones que se ejecutaban desde el área suprimida serán absorbidas por el organismo que comanda Murphy. Ambos espacios se articulaban para supervisar y elaborar los proyectos normativos prioritarios que debían ser sometidos a consideración.
Este cambio implica una reorganización en las tareas de apoyo al presidente Javier Milei, así como también asumir los compromisos y obligaciones que quedaron en el tintero, junto con sus recursos humanos, financieros y materiales.
De esta manera, delegaron en la Secretaría Legal y Técnica la responsabilidad de garantizar la coherencia y alineación de las iniciativas legislativas y administrativas con los objetivos estratégicos del gobierno; llevar adelante el diseño de estrategias normativas en colaboración con el mandatario nacional, definiendo las pautas necesarias para cumplir con los objetivos de gobierno establecidos.
Dentro de los roles que ocupaba el espacio recientemente suprimido se destacaba, además, la coordinación de la planificación estratégica de los proyectos de leyes y actos administrativos, trabajando estrechamente con los distintos ministerios y áreas del Poder Ejecutivo Nacional.
Por otro lado, tenía la responsabilidad de analizar y consolidar proyectos normativos que involucraran la elaboración, reforma o modificación de leyes y otros actos administrativos, y asesoraba al Presidente en los asuntos normativos prioritarios, asegurando que las decisiones estratégicas estuvieran respaldadas por un marco legal adecuado.
La intervención en este ámbito tenía como objetivo la defensa de los intereses estatales en los procesos judiciales o administrativos en los que el gobierno estuviera involucrado.
De hecho, en su antiguo rol, la letrada participó en la elaboración de las principales iniciativas que presentó La Libertad Avanza y tuvo una influencia significativa en el desarrollo de la llamada “Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, así como en la reforma electoral que incluyó la eliminación de las PASO y la reorganización del Gobierno y sus dependencias.
Con información de Infobae
