En la etapa final del juicio por tenencia y facilitación de material de abuso sexual infantil (MASI), los fiscales Martín Alejandro Rau y Antonio Glinka expusieron la gravedad de los hechos imputados al exdiputado Germán Kiczka y su hermano Sebastián. Ambos están siendo juzgados por el Tribunal Penal N°1 de Posadas, y enfrentan pedidos de condena de 15 y 12 años de prisión, respectivamente.
Durante los alegatos, el fiscal Rau explicó con precisión la lógica detrás de los pedidos de pena. “Las pautas de mensuración de la pena, el artículo 40/41 del Código Penal, nos dicen que debemos considerar las circunstancias personales, la gravedad del hecho y otras cuestiones que los jueces deben valorar”, detalló.
Bajo esos criterios, sostuvo que se construyeron escalas de penas diferenciadas para cada imputado. En el caso de Germán, la escala alcanzaba hasta 21 años y 4 meses, mientras que para Sebastián, “era bastante menor”. Según Rau, esta diferencia es coherente con los cargos y la cantidad de hechos imputados: distribución, facilitación y tenencia de MASI.
Rau también subrayó que el trabajo de la fiscalía no fue arbitrario, sino basado en “una cuestión matemática que es característica” del proceso penal. La imputación múltiple y la gravedad de las pruebas colectadas, como los 913 archivos descargados por el exdiputado, fueron determinantes para solicitar una pena severa.
La crudeza del caso Kiczka
Por su parte, el fiscal Antonio Glinka adoptó un tono más emocional y confrontativo durante su exposición, al interpelar al Tribunal sobre el impacto de los hechos. “¿A usted le parece destruir la inocencia de esa manera? ¿Usted entiende la gravedad de esta situación?”, expresó, visiblemente conmovido. Glinka criticó la minimización de los hechos por parte de la defensa y de los imputados. “Escuché muchas veces que esto es un videíto de internet y que son fotos boludas que se bajan de cualquier lado. ¿Qué les parece eso?”, cuestionó.
También puso en duda la veracidad de las declaraciones de los acusados. “Eso no sale de Instagram”, dijo con firmeza, y recordó que uno de ellos había justificado su accionar afirmando que encontraba el material en redes sociales. Glinka negó rotundamente esa posibilidad. “Este es un trabajo de búsqueda que hay que hacerlo”, sostuvo, al referirse a la dificultad para acceder al tipo de contenido hallado.
Ambos fiscales coincidieron en remarcar la intencionalidad y persistencia de las acciones de los imputados. En palabras de Glinka, algunos de los vídeos analizados “arruinaron la vida” de quienes los vieron. “Quiero que ustedes me digan si pueden determinar la edad de esa nena”, dijo, haciendo alusión a la crudeza del contenido.
Los antecedentes
El caso se remonta a una operación internacional coordinada por la organización Child Rescue Coalition, en la que se identificaron direcciones IP vinculadas al intercambio de material de abuso infantil en Argentina. Las pesquisas condujeron hasta el domicilio de los Kiczka, donde se secuestró una computadora y un pendrive que contenían cientos de archivos ilegales, entre ellos imágenes que involucran a menores de 13 años en situaciones de extrema violencia y zoofilia.
En su defensa, Sebastián Kiczka intentó exculpar a su hermano durante las audiencias, asegurando que él era el único que usaba la computadora Acer. “Por enésima vez, quiero pedirle disculpas a mi hermano por meterlo en este embrollo”, dijo. Sin embargo, luego reconoció haber visto ese tipo de material porque “es una persona ansiosa” y pensó que había eliminado todo. El pendrive “Fiat” con el contenido fue hallado y anexado como prueba clave.
La audiencia final se realizó a puertas cerradas, en resguardo de la intimidad de las víctimas. Tras los alegatos, el Tribunal Penal N°1, integrado por los jueces Gustavo Bernie, Viviana Cukla y César Antonio Yaya, pasó a deliberar. Según Bernie, la sentencia podría conocerse en menos de una hora y media, aunque reconoció que la gravedad del caso podría extender ese plazo.
