La Administración de Parques Nacionales (APN) dio un giro en su estrategia de defensa legal del yaguareté. Se estableció que la Dirección General de Asuntos Jurídicos asuma un rol activo en la defensa de las especies declaradas Monumento Natural.
A partir de ahora, tendrá la obligación de denunciar penalmente cualquier hecho o ilícito que comprometa la conservación de estas especies. Podrá constituirse como querellante en los casos que involucren caza furtiva, atropellamientos, comercialización ilegal de restos y otros delitos contra la fauna.
Es una muestra de que el Estado Nacional comenzó a asumir su responsabilidad con seriedad y compromiso en la defensa de la biodiversidad.
El Yaguareté: ¿Por qué la urgencia?
Con menos de 250 individuos estimados en libertad, el yaguareté (Panthera onca) se encuentra al borde de la extinción en Argentina. La situación es alarmante, ya que en países vecinos como Uruguay y El Salvador, la especie ya desapareció completamente.
Las principales amenazas que enfrenta este majestuoso felino son el desmonte y la pérdida de hábitat por la expansión agrícola y ganadera. Así también, la caza furtiva y el tráfico ilegal de animales y sus partes. Estos factores dejaron al yaguareté en una situación crítica, donde cada ejemplar que muere es un paso más cerca de la extinción.
Caza furtiva: el gran flagelo contra la fauna
La caza fue uno de los mayores desafíos en la lucha por la conservación del yaguareté en Argentina, especialmente en las provincias del norte y noreste del país. La especie aún sobrevive en hábitats fragmentados y expuestos.
En Formosa, por ejemplo, se registraron casos alarmantes de caza furtiva, donde los cazadores no solo mataban al yaguareté, sino que también comercializaban sus restos, como pieles y colmillos, en mercados ilegales.
Por su parte, en Chaco, la fragmentación del hábitat y el desmonte ilegal son grandes desafíos que limitan la efectividad de las políticas implementadas. En algunas zonas, la especie todavía es vista como una amenaza por ciertos sectores rurales, lo que alimenta la persecución de los felinos.
Salta y Jujuy, en el noroeste del país, también enfrentan problemas graves relacionados con la caza ilegal de yaguaretés. Esto se da especialmente en zonas cercanas a las fronteras, donde las redes de tráfico de fauna silvestre operan con relativa libertad. A pesar de algunos esfuerzos para proteger los territorios de la especie, la falta de control efectivo sobre la caza furtiva transnacional dificulta una solución definitiva.
Una solución a largo plazo para proteger al yaguareté
La creación de un equipo de abogadas dentro de la APN dedicado a la defensa legal del yaguareté representa un giro radical en la forma en que el país trata la conservación de su fauna. Esta resolución no solo fortalece el marco legal para combatir la caza ilegal y el tráfico de especies, sino que también otorga un rol activo al Estado en la persecución de estos crímenes, algo que históricamente había sido una labor relegada a ONGs y organizaciones comunitarias.
El equipo de abogadas ya ha comenzado a mostrar resultados concretos. En Formosa, por ejemplo, se logró la detención de cazadores furtivos y la imposición de cauciones millonarias. Sin embargo, no todo está resuelto. Salta, Jujuy, Corrientes y otras provincias siguen siendo zonas donde las leyes de protección al yaguareté son más débiles o, directamente, ineficaces. La implementación efectiva de la resolución aún depende de un compromiso firme a nivel nacional y provincial para que los juzgados actúen con la misma rapidez y eficacia con la que el equipo legal de la APN avanza.
Una política de Estado para la conservación del yaguareté
Desde 2010, la Red Yaguareté impulsa la necesidad de una política de Estado que garantice la protección a largo plazo de esta especie. La resolución que ahora obliga al Estado a tomar acción legal directa es un avance significativo en este sentido. Sin embargo, los activistas y expertos destacan que este cambio debe ir más allá de las promesas burocráticas y convertirse en un compromiso real.
Es crucial que todos los actores involucrados, desde los funcionarios nacionales hasta los gobernadores provinciales, trabajen juntos para erradicar las amenazas que enfrentan los yaguaretés. La falta de coordinación entre provincias y la lentitud de la justicia son obstáculos que aún deben superarse. Es necesario un esfuerzo conjunto para garantizar que el marco legal se aplique efectivamente en todo el territorio argentino.
El futuro en nuestras manos
La resolución que pone al yaguareté bajo la defensa jurídica del Estado es un avance positivo, pero no debe ser vista como una solución definitiva. El camino hacia la recuperación requiere de un compromiso continuo y sostenido por parte del gobierno, las organizaciones de conservación y la sociedad en general.
Este es un momento crucial. Si no actuamos ahora, podemos perder al yaguareté para siempre. Es hora de que Argentina demuestre, con hechos y no solo con palabras, que está dispuesta a proteger su patrimonio natural y a garantizar un futuro para esta especie icónica, que, al igual que tantos otros animales en peligro, depende de nuestra acción para sobrevivir.
Con información de La Política Ambiental
