Ricardo Lorenzetti, ministro de la Corte Suprema, manifestó fuertes críticas contra los demás jueces. Además, hizo un repaso de muchas cuestiones institucionales que afectan de forma negativa al funcionamiento del Poder Judicial. Cabe destacar que Maqueda también hizo un fuerte descargo en las últimas horas, mientras se discute el futuro de los pliegos bajo la sospecha de acuerdo entre Cristina Kirchner y Milei.
En principio, Lorenzetti cuestionó la decisión de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda de nombrar a Juan Pablo Lahitou en la Secretaría de Desarrollo Institucional. Planteó que, desde que la Casa Rosada propuso a Ariel Lijo y a Manuel García-Mansilla para completar el tribunal, se crearon “cantidades increíbles de oficinas sin sentido”.
Las duras críticas de Lorenzetti contra la Corte Suprema
“Desde que se anunció la nominación de dos nuevos jueces, se crearon cantidades increíbles de oficinas sin sentido, cargos de secretarios de Corte como nunca hubo en el Tribunal, secretarios letrados, acordadas para poner en cabeza de otros funcionarios decisiones de superintendencia que corresponden a los jueces de la Corte, fijación de reglas generales para que las causas sean juzgadas por conjueces, presiones a los secretarios de Corte para que se jubilen, y designaciones de personas sin concurso ni experiencia con la sola prueba de la vinculación con algún ministro y otras más que se enunciarán en considerandos posteriores”, puntualizó.
Y agregó: “Esta ambición desmedida implicó que no sólo hubo un aumento de gasto, sino una pérdida de ingresos. Hubo un abandono total de los fondos anticíclicos, sin gestión alguna, que perdieron valor y que, seguramente afectará el funcionamiento, con las consiguientes responsabilidades. Es una falta de respeto a la sociedad, que reclamó austeridad en el Estado y es una falta de respeto al resto del Poder Judicial, que carece de recursos necesarios para brindar un adecuado servicio de justicia a la población. Que es evidente que se trató no sólo de un fin de año, sino de un fin de ciclo, y es relevante que la sociedad conozca las posiciones en la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Por otra parte, el juez hizo énfasis en que estas decisiones, avaladas por Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda -quien dejará el Tribunal en las próximas horas al cumplir 75 años- representaron una falta de respeto a la sociedad. En su visión, la misma reclamó “austeridad” y el Poder Judicial no se ajustó a la falta de recursos.
Un cambio de paradigma en el Poder Judicial
Lorenzetti enfatizó que este fin de año representa un fin de ciclo en el Máximo Tribunal y, por tal motivo, consideró importante difundir públicamente estas circunstancias.
En este sentido, señaló que “se dictaron dos acordadas que afectaron las competencias de los jueces de la Corte en materia de sentencias judiciales y de superintendencia, lo que no sucedió en toda la historia del Tribunal”.
La acordada sobre los conjueces tuvo como objetivo que muchos casos no fueran resueltos por los jueces del Tribunal, sino por otros jueces; algo que nunca existió en la historia del tribunal. Esto afectará la seguridad jurídica de los precedentes, ya que, al cambiar los conjueces, cambiarán los precedentes, y además motivará presentaciones de nulidades, explicó.
“La acordada relativa a la delegación de funciones en la administración permitió que el administrador dialogara con jueces y juezas, funcionarios y funcionarias, otorgando o negando cuestiones relevantes, lo cual no sólo fue llamativo, sino que nunca se hizo en la historia de la Corte”, continuó.
Lorenzetti consideró que las peleas por ocupar espacios de poder en el tribunal terminaron menoscabando la función prioritaria de la Corte, que es dictar sentencias en casos de trascendencia institucional. Informó que hay 87.218 causas que esperan un pronunciamiento del tribunal, una cifra histórica debido al atraso acumulado.
En la segunda acordada, se delegaron amplias funciones administrativas al Secretario General de Administración. Según el máximo tribunal, esta medida “buscó agilizar la gestión interna y garantizar la continuidad de procesos repetitivos que hasta ahora requerían decisiones del pleno de la Corte”. Sin embargo, para Lorenzetti, esto fue “ilegal” y no tuvo “precedentes”.
Falta de regularidad en las contrataciones y funciones
La resolución autorizó al Secretario General de Administración a evaluar y resolver temas como licencias, jubilaciones anticipadas, prórrogas de contratos y administración de bienes judiciales. En el caso de las licencias, se incluyeron aquellas para magistrados y funcionarios que participaron en eventos de la Asociación de Magistrados o que ejercieron la docencia, siempre que ya contaran con permisos previos. Además, delegaron la gestión de contratos relacionados con personal electoral y la administración de vehículos secuestrados o decomisados en causas penales.
Lorenzetti subrayó que la delegación compromete la independencia judicial al concentrar en un funcionario, designado sin concurso, decisiones de alto impacto para jueces y empleados del Poder Judicial. Según Lorenzetti, este cambio administrativo supone una alteración grave en el funcionamiento del tribunal, ya que los jueces pierden protagonismo en temas esenciales.
El magistrado también criticó el contexto en el que se tomó la resolución, aludiendo a un aumento en la designación de cargos sin concurso, la creación de nuevas dependencias y un gasto administrativo elevado en 2024. En su disidencia, Lorenzetti destacó que actualmente hay más de 87.000 causas pendientes en la Corte, un número sin precedentes que, a su juicio, refleja un desbalance entre la gestión administrativa y judicial.
