La normativa incluye la formación en género y violencia hacia las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública. En la tierra colorada esto abarca al 52% del personal de justicia.
A más de cuatro años de la reglamentación de la ley Micaela, en muchas provincias del país se observan resistencias tanto en su cumplimiento como en su implementación. Por lo que es importante señalar que la tierra colorada ha avanzado en materia legislativa y judicial al respecto. Misiones se encuentra entre las cinco provincias que capacitaron a más del 50% de su personal de justicia en materia de género. Comparte este adelanto con Córdoba, Santa Cruz, Formosa, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur.
La “Ley Micaela” número 27.499, establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres e identidades LGTBI+. La normativa rige para todas las personas que se desempeñen en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. La legislación contribuye al fortalecimiento de una red de políticas públicas de equidad.
La ley lleva este nombre en conmemoración de Micaela García, una joven entrerriana de 21 años, víctima de femicidio. Se sostiene sobre los Derechos Humanos en general, y de las mujeres y personas LGBTI+ en particular.
En el proceso y las sentencias
Los datos se desprenden del informe del Centro de Economía Política Argentino (CEPA). El cual también da cuenta de retrasos en la capacitación obligatoria. Las provincias que presentan “demoras significativas” indica, son La Rioja (24 meses), San Luis (21 meses), Catamarca (13 meses), Córdoba (10 meses) y Mendoza (9 meses). El tiempo de atraso se cuenta desde la adhesión de cada distrito a la ley.
Desde la sanción de la Ley Micaela a nivel nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires han adherido a la misma, con el objetivo de federalizar las capacitaciones en materia de género en todo el país. La formación al Poder Judicial representa una oportunidad para incorporar la perspectiva de género a lo largo de todo el proceso judicial y en las sentencias. El objetivo es prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de violencias. Por lo que el retraso injustificado de la implementación perpetúa, en las provincias con demora, la composición de tribunales sin perspectiva de género y repercute negativamente en la vida de las mujeres y las diversidades.
Ley provincial
En 2019 la provincia adhirió, a través de la norma IV 85, a la Ley Micaela que establece la formación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres Poderes del Estado; y creó el programa de capacitación institucional permanente en “Perspectiva de género y violencia contra las mujeres”.
