El debate sobre la baja de la edad de imputabilidad en Argentina ha cobrado relevancia tras una serie de casos que involucran a menores de 16 años en la comisión de delitos. El Gobierno nacional, a través del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona , ha propuesto reducir la edad de imputabilidad de 16 a 13 años, una iniciativa que ha generado fuertes discusiones en el ámbito político y social. Mientras algunos sectores apoyan la propuesta gubernamental, otros sugieren fijar el límite en 14 años, lo que refleja la diversidad de posturas en torno al tema.
La perspectiva más preventiva
De acuerdo a un informe del Noticiero Central de Canal 12, el Congreso se encuentra en análisis de múltiples proyectos relacionados con esta reforma. El Bloque de la Renovación, incluido en el de Innovación Federal, ha planteado la necesidad de un enfoque preventivo más que punitivo, con foco en la formación, la educación y el acceso a sistemas de contención social para los jóvenes. Esta mirada sostiene que el objetivo no debe ser únicamente el castigo, sino evitar que los menores terminen en cárceles comunes, donde el entorno no resulta adecuado para su reinserción social.
Además, se argumenta que el Estado argentino no cuenta actualmente con las condiciones necesarias para albergar a menores de edad en prisión, tanto por la falta de infraestructura como por la carencia de profesionales capacitados para su atención.
Argentina tiene la edad de imputabilidad más alta de los países de la región
No obstante, según el mismo informe, el debate se ha intensificado tras casos recientes que han conmocionado a la opinión pública, como el ataque de un grupo de menores a una persona en situación de calle en Rosario. Estos hechos han exacerbado las discusiones sobre la necesidad de reformar el sistema de justicia juvenil. Por otro lado, se ha señalado que Argentina tiene una edad de imputabilidad más elevada en comparación con otros países de la región, como Brasil, donde el límite es menor. Esta disparidad ha alimentado el debate sobre la conveniencia de ajustar la legislación local a los estándares regionales.
La mirada de la abogada Micaela Gacek
Para Micaela Gacek, abogada y referente libertaria en Misiones, la baja en la edad de imputabilidad debe ser vista no como una medida aislada, sino como parte de un conjunto de acciones que busquen mejorar la seguridad pública. Sin embargo, declaró que la idea de “delito de adulto, pena de adulto” debe aplicarse también en el caso de los adolescentes. Argumentó: “Si un menor es capaz de robar un auto, conducirlo y causar la muerte de otra persona, entonces debe afrontar las consecuencias de sus actos como lo haría cualquier adulto”.
La propuesta del Gobierno nacional, que originalmente planteaba bajar la edad de imputabilidad a 13 años, ahora se encuentra en debate, con algunos sectores sugiriendo que podría fijarse en 14 años. Gacek aclaró que, independientemente de la cifra exacta, “no se está proponiendo algo aberrante”, pues el Código Civil de la Nación ya establece que se es adolescente a partir de los 13 años.
“Podríamos prevenir que más menores cometan delitos”
La referente de Milei en Misiones también se mostró crítica frente a quienes argumentan que la reinserción social debe ser la prioridad y criticó la falta de programas eficaces y las condiciones de las cárceles, que según ella, lejos de reinsertar, terminan formando “expertos en criminalidad”.
Sobre el impacto que podría tener esta reforma en la reducción de la delincuencia, se mostró optimista tras señalar que podría servir como una herramienta de disuasión. “Al bajar la edad de imputabilidad, podríamos prevenir que más menores cometan delitos”, agregó.
En cuanto al panorama local, tiene la visión de trabajar en la “prevención del delito” y la “educación”. Mencionó que para que estas políticas tengan éxito es necesario un “cambio estructural en el Estado”. En ese aspecto, propuso una “reestructuración” de las funciones estatales para destinar más recursos a áreas clave como educación y salud mental, elementos que considera fundamentales para la transformación social a largo plazo.
“Es momento de que el sistema de justicia deje de proteger a quienes hacen daño y comience a proteger a las personas de bien”, concluyó.
Aunque el tema sigue siendo objeto de debate, con opiniones encontradas sobre su viabilidad y sus efectos, la dirigente misionera dejó claro que el país necesita una reforma judicial acorde con las demandas de la sociedad actual.
