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El Congreso debate la propuesta de baja de edad de imputabilidad

Diputados nacionales empezaron a debatir reformas del Código Penal, que incluyen la baja de edad de imputabilidad y medidas contra la trata de personas y el crimen organizado.

El debate en la Cámara de Diputados de la Nación sobre la baja de edad de imputabilidad y otras reformas del Código Penal comenzó en un plenario de comisiones. La discusión abarca también la trata de personas y las organizaciones criminales, impulsada por el Ministerio de Seguridad y diversos bloques opositores. La ley Antimafias ya obtuvo dictamen de mayoría, pero la baja de edad de imputabilidad requerirá un debate más extenso.

Justamente, la Comisión de Legislación Penal convocó al tratamiento de cuatro proyectos: modificación de la legislación sobre Trata de Personas y Secuestro de Armas de Fuego, ley de Régimen Penal Juvenil (en conjunto con miembros de las comisiones de Niñez, Presupuesto y Justicia) y Abordaje Integral del Crimen Organizado. Representantes del Ejecutivo presentes incluyeron a Fernando Soto, director Nacional de Normativa; Sebastián Amerio, secretario de Justicia; y Alberto Nanzer, subsecretario de Política Criminal.

Posturas enfrentadas por la baja de edad de imputabilidad

El debate inicial se centró en el Régimen Penal Juvenil y la baja de edad de imputabilidad. Todos los bloques presentaron proyectos: el oficialismo busca reducir la edad de 16 a 13 años, el PRO y la UCR proponen bajarla a 14, mientras que Unión por la Patria quiere conservarla en 16.

Los proyectos coinciden en la necesidad de “dependencias acondicionadas” para los jóvenes, con programas educativos, deportivos y de capacitación laboral. Sin embargo, las diferencias sobre la edad exacta siguen siendo un punto de debate.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en un video reciente, afirmó que el Régimen Penal Juvenil es “una ley base para la seguridad de todos los argentinos”.

Durante el debate, Alberto Nanzer reconoció la falta de datos completos sobre el delito juvenil, pero destacó tres condiciones clave “la edad de imputabilidad genera un tratamiento inadecuado y eso representa un problema en la credibilidad de la justicia”, “el derecho penal argentino no está del todo calzado con el derecho constitucional”, y “la tasa de reiteración delictiva es alta en general y especialmente en el sistema penal juvenil”.

También, el subsecretario Nanzer subrayó la necesidad de un tratamiento adecuado para los menores de 16 años que cometen delitos “los delitos más graves están precedidos de otros delitos cometidos por personas que eran primarias y, en este momento, el sistema no les está ofreciendo ninguna respuesta”. Desde el bloque radical, Carla Carrizo expresó su desacuerdo con el proyecto oficialista, mientras que Unión por la Patria criticó la subejecución de proyectos de seguridad y el déficit de infraestructura penal.

Otros de las puntas de la reforma

Además del Régimen Penal Juvenil, se debatieron otras reformas del Código Penal. Los bloques federales presentaron un proyecto para modificar el artículo 145 bis sobre Trata de Personas, incluyendo penas de “cualquier otro fin que afecte de algún modo la integridad psicofísica”. Este cambio se inspiró en casos recientes como el de Loan Peña y la problemática de la “entrega de niños”.

Asimismo, se abordó la reforma sobre el secuestro de armas de fuego, que propone un período máximo de seis meses para la destrucción de las incautaciones, con el fin de evitar el mercado negro de municiones. La ley Antimafias, por su parte, busca definir judicialmente el crimen organizado y establece penas severas para quienes integren asociaciones delictivas.

El artículo más impactante estipula que cualquier persona vinculada a un grupo criminal “será reprimido con la pena que correspondiera al delito más grave cometido por la organización”.

En este contexto, se propone la creación de “Zonas Sujetos a Investigación Especial”, para establecer mecanismos de actuación más rápidos en territorios prioritarios. Así, las Fuerzas Policiales estarían facultadas a detener a una persona hasta por 48 horas para realizar averiguaciones en estas zonas.

Con información de Ámbito Financiero.

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