El Gobierno cambiará la estrategia de seguridad para la marcha de los jubilados y no aplicó el protocolo antipiquetes. Las fuerzas federales se ubicarán detrás del vallado colocado en las inmediaciones del Congreso y evitarán el contacto con los manifestantes. “Las calles van a estar cortadas. Se va a avanzar con un esquema de prevención”, expresaron fuentes oficiales.
La Casa Rosada reforzará los controles en los accesos ferroviarios y viales a la Ciudad de Buenos Aires. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) supervisará el ingreso de manifestantes. El operativo estará a cargo del comando unificado que coordina Gendarmería, la Policía Federal, Prefectura y la Policía Aeroportuaria.
Por qué no se usará el protocolo antipiquetes en la marcha
En Balcarce 50 no esperaron la presencia de barrasbravas y buscaron evitar incidentes como el que sufrió el periodista Pablo Grillo, quien recibió el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza. El oficialismo comparó el operativo con el que se despliega durante las aperturas de sesiones ordinarias del Congreso.
“Es como en el primero de marzo, se cierran los accesos con vallas y se aísla a los manifestantes”, explicaron fuentes oficiales. El Gobierno aseguró que reprimirá a quienes intenten derribar las vallas y que utilizará camiones hidrantes para dispersar la movilización en caso de enfrentamientos.
El Ejecutivo organizó este martes una cumbre de Seguridad para definir detalles del operativo. Esperan la participación de sindicatos y movimientos sociales. La reunión fue encabezada por el asesor presidencial Santiago Caputo y contó con la presencia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el secretario de Inteligencia del Estado (SIDE), Sergio Neiffert, y el jefe de operaciones de Inteligencia, Diego Kravetz.
El encuentro se realizó en el despacho del consultor en Balcarce 50. Comenzó a las 11 y finalizó a las 12:40. También asistieron el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y el secretario de Transporte, Frango Mogetta. El Gobierno analizó la situación y preparó un esquema para “reaccionar a la violencia”.
El operativo contará con más de 1000 agentes federales que trabajarán junto a la Policía de la Ciudad. El Ejecutivo advirtió que detendrá a quienes “incurran en conductas que afecten la seguridad” y que el accionar estará respaldado en el artículo 94 del Código Penal.
El Gobierno no previó la presencia de manifestantes extranjeros en la marcha y sostuvo que la coordinación con la SIDE responderá a un “adelanto de información”. La Ley de Inteligencia (25.520) establece que la central puede trabajar sobre “hechos, amenazas, riesgos y conflictos que afecten la seguridad exterior e interior de la Nación”.
