El Gobierno auditará universidades públicas, y comenzará por la Universidad de La Matanza. El proceso, realizado por la SIGEN, revisará el uso de fondos y convenios, en medio de reclamos por mayor presupuesto.
El Gobierno ha puesto en marcha un plan para auditar a las universidades públicas en medio de las protestas de estudiantes y docentes que exigen un aumento en las partidas presupuestarias. El titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), Miguel Blanco, dio detalles del proceso que se iniciará en los próximos días. La primera institución en ser revisada será la Universidad Nacional de La Matanza, según reveló Blanco.
“Vamos a trabajar primero en el programa de trabajo que será fundamentalmente en el control del uso de los fondos públicos que reciben las universidades”, explicó el sindico. También, recordó que la SIGEN ya había realizado auditorías en universidades en el pasado, pero se detuvieron tras un dictamen del exprocurador del Tesoro, Carlos Zannini, en 2022. Con el regreso de estas auditorías, el objetivo será revisar los volúmenes de fondos y la calidad de los convenios firmados por las casas de estudio.
El enfoque de la SIGEN para las auditorias
Además, Blanco detalló el enfoque que tendrán las auditorías, enfatizó que no intervendrán en aspectos de autonomía universitaria, como la elección de autoridades o la designación de docentes. “Eso no está dentro de nuestro alcance”, aclaró. Así, el proceso se centrará en revisar el sistema de control interno de las universidades y, a través de un muestreo, verificar el uso adecuado de los recursos públicos.
Entre los puntos clave que se revisarán, mencionó los convenios firmados por las universidades, con especial atención a si las actividades se realizan con recursos propios o si se subcontratan a terceros. “Lo que hay que hacer es ver las facultades”, puntualizó. Además, en caso de detectar posibles irregularidades o indicios de corrupción, se derivarán a la Oficina Anticorrupción y a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.
Este plan de auditorías llega en un momento crítico para la educación pública. Tanto los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), como los sindicatos docentes y los movimientos estudiantiles, reclaman un ajuste presupuestario. Todo ello acorde a la inflación acumulada desde diciembre de 2023. Los recursos destinados a las universidades, según denunciaron, no son suficientes y han provocado una pérdida del 30% en el poder adquisitivo del personal docente y no docente.
El foco de conflicto con la UBA
Un foco de conflicto en particular está en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Blanco recordó que en el pasado la UBA había resistido ser auditada. “Sé que hubo planteos judiciales en el pasado en los que la Universidad de Buenos Aires ha pedido no ser sujeto de auditoría”, comentó. Sin embargo, se mostró optimista sobre la situación actual y señaló que, por su relevancia, la UBA debería dar el ejemplo de transparencia. “Es mi alma máter la UBA y creo que por ser la más importante del país debería dar el ejemplo de transparencia”, reflexionó.
En respuesta a estas declaraciones, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, negó las acusaciones de falta de control. Es más, destacó que la universidad tiene mecanismos de auditoría internos y externos. “El Gobierno lo único que hizo fue atacar a las universidades. La sociedad se tiene que quedar tranquila que, dentro del Estado nacional, las universidades públicas tienen sistemas de auditorías interna y externa”, afirmó Yacobitti.
Con información de Infobae.
