La Corte falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires al reasignarle 2,95 puntos coparticipables. Si bien fueron varios los gobernadores que repudiaron la medida, Herrera Ahuad remarcó que la Provincia continuará insistiendo ante Nación, pero siempre “respetando las instituciones”.
La Corte Suprema de Justicia dispuso la suspensión de la Ley 27.606 que había reducido la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De esta forma, a través de una medida cautelar ordenó que se entregue al Gobierno porteño el 2,95% de la masa de fondos coparticipables y remarcó que esas transferencias deben realizarse en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina.
Atento a la decisión de la Corte, el gobernador Oscar Herrera Ahuad, manifestó la decisión política de continuar en la lucha por una actualización. “Somos un gobierno absolutamente respetuoso de las instituciones, ese respeto también es hacia el Poder Legislativo, Judicial y a las decisiones que toman, aunque muchas veces no las compartimos“. En ese sentido agregó que la Provincia continuará por vías administrativas reclamando la “igualdad de oportunidades para todos los misioneros“.
Si bien, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti subrayaron que “los recursos coparticipados de las provincias no se verán afectados”, el Herrera Ahuad señaló que la provincia “es muy consecuente con lo que pensamos y hacia dónde vamos en este reclamo eterno”.
La séptima economía que más tributa a Nación
Misiones es la séptima provincia que más aporta a la Nación, pero de las que menos fondos coparticipables recibe. En este sentido el gobernador insistió en la pelea por el el federalismo y “la igualdad de oportunidades de la séptima economía de la Argentina, que aporta como número siete y que recibe como número veinte” dijo. Y agregó “tenemos los resortes jurídicos para poder seguir este camino de los reclamos y de la justicia y el federalismo en la República Argentina”.
Herrera Ahuad también explicó que la provincia se presentó como Amicus Curiae ante la Corte Suprema de Justicia, con la intención de brindar “argumentos para la mejor resolución de este asunto que perjudica a todos los misioneros”.
