Dina Boluarte es la primera mujer en llegar a la Casa de Pizarro, sede del Gobierno peruano. Como vicepresidenta del país tuvo que tomar las riendas del Poder Ejecutivo luego del suicidio político de Pedro Castillo. Una historia de corrupción, falta de liderazgos y un Parlamento fragmentado.
Perú amaneció este jueves con la resaca de una jornada inédita en la que vio cómo fracasaba el autogolpe de Estado ordenado por Pedro Castillo y la llegada al poder de Dina Boluarte, la sexta persona en ocupar desde 2016 el sillón presidencial de un país que, desde entonces, se ha visto incapaz de despejar los fantasmas de su permanente inestabilidad.
Las hiperpolarizadas elecciones de 2021 finalizaron con la victoria –por un escaso margen– de Castillo, un maestro de escuela rural de izquierda que surgió como emergente de una gravísima crisis política.
Este miércoles, Castillo se sintió acorralado por un cúmulo de denuncias judiciales en su contra y decidió cerrar el parlamento y decretar el estado de sitio. Fue un suicidio político que terminó en pocas horas cuando fue destituido y arrestado.
Durante los últimos seis años el único mandatario peruano que no terminó bajo sospechas de corrupción o involucrado a expedientes en la Justicia fue Francisco Sagasti, cuyo gobierno duro poco meses por no tener respaldo parlamentario.
Corrupción y conspiraciones
Con un resultado similar al que obtuvo Castillo el año pasado, el veterano economista Pedro Pablo Kuczynski (PPK) se impuso en los comicios peruanos de 2016, por escasos 40.000 votos, a su contrincante en las urnas, la derechista Keiko Fujimori.
Pero en medio del estallido de los escándalos de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, Kuczynski renunció en marzo de 2018 a la Presidencia, ante las denuncias de un intento de comprar votos en el Congreso para impedir su destitución.
Dos días después, el hasta entonces primer vicepresidente Martín Vizcarra ocupó la jefatura del Estado para dirigir un Gobierno que se caracterizó por su grave enfrentamiento con el Parlamento, dominado por el partido fujimorista Fuerza Popular.
En medio de estas tensiones, a fines de septiembre de 2019, Vizcarra disolvió constitucionalmente el Congreso y convocó a unas elecciones legislativas en enero de 2020, que dejaron un Parlamento muy fragmentado y no hizo más que agudizar la crisis política.
En noviembre de ese año, Vizcarra fue sometido a un juicio político que acabó con su destitución, tras ser acusado de corrupción cuando fue gobernador de la sureña región de Moquegua (2011-2014).
Tras la caída de Vizcarra, el Congreso impuso en su lugar a su presidente, Manuel Merino, en un acto que la inmensa mayoría de la población peruana percibió como una amenaza a la democracia y desató una ola de protestas ciudadanas.
La brutal actuación policial para reprimir las movilizaciones causaron dos muertos por disparos y cientos de heridos, lo que retiró a Merino la ya escasa legitimidad social que tenía y terminó forzando su renuncia apenas cinco días después de haber asumido el cargo.
El presidente efímero fue reemplazado entonces por el también legislador Francisco Sagasti, del liberal Partido Morado, el tercer presidente en una de las semanas más trágicas de la reciente historia política de Perú.
Sagasti dedicó sus ocho meses de gestión a combatir la crisis económica y sanitaria causada por la pandemia de covid-19 y a la organización de las elecciones de 2021, que ganó por sorpresa Castillo.
Una mujer para ordenar el caos
Las esperanzas de que Castillo rompiera la mala racha y completara su mandato hasta 2026 eran muy pocas, con un Parlamento altamente fragmentado y dominado por la oposición, pero el dirigente sindical cavó su propia tumba política a sus casi 17 meses de gestión.
Lo hizo mediante lo que ha sido calificado mayoritariamente como un fallido golpe de estado, en un intento de disolver el Congreso, que tenía entre manos un pedido de destitución presidencial, e intervenir la Justicia, además de gobernar por decreto.
Pero sus órdenes, que aún despiertan múltiples interrogantes, naufragaron rápidamente en las aguas de la inconstitucionalidad y anticiparon la llegada al poder de la vicepresidenta Dina Boluarte.
Mientras Boluarte se convertía en la gobernante número 131 en los 201 años de vida republicana del país y en la primera mujer de la historia en vestir la banda presidencial peruana, Castillo era arrestado y posteriormente llevado a la misma prisión donde el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) cumple una condena de 25 años de cárcel.
FOZ
