El electo presidente de Brasil asumirá el próximo primero de enero. Su agenda pretende recuperar la economía, manteniendo la disciplina fiscal. Comenzará su nuevo mandato con un índice inflacionario cercano al 5,62%.
Durante la campaña electoral, el referente del Partido de los Trabajadores (PT) enfatizó sobre puntos por demás álgidos para la economía, el trabajo y el bienestar social basados por ejemplo en la expansión de las inversiones en todo el país, con un nuevo impulso de la obra pública, en especial de los proyectos de infraestructuras, para generar empleo.
Teniendo en cuentas las diferencias de perspectivas en lo social-económico con Jair Bolsonaro, (actual Presidente) el PT enfatizó la apuesta por las empresas estatales y rechazo frontal a las privatizaciones. La petrolera Petrobras y el banco de fomento BNDES serán las piedras angulares de los planes de desarrollo.
Lula, además se opone a que el límite de gastos públicos recogido en la Constitución condicione las inversiones necesarias en salud o educación. Se ha comprometido, no obstante, a conjugar “responsabilidad fiscal” y “responsabilidad social”.
Otro aspecto fundamental en el marco social serán las rentas de hasta 5.000 reales (unos 970 dólares) estarán exentas del impuesto de la renta. Se tasarán las grandes fortunas y se simplificará el complejo sistema de impuestos del país. La viabilidad de esta propuesta dependerá en gran medida del Congreso Nacional. Así también se habla de reestructurar los programas de subsidios a los más necesitados, garantizando el actual pago mensual de 600 reales (unos 120 dólares).
Una apuesta fuerte aunque sin mayores detalles de cómo se realizará es la renegociación de deudas personales donde el Gobierno buscará que millones de familias endeudadas con los bancos tengan descuentos en las tasas aplicadas por morosidad.
El costo laboral, otro aspecto neurálgico en las promesas de campaña para el gigante sudamericano pasa también por la nueva legislación laboral, a partir de un consenso con sindicatos y empresarios y teniendo como base un aumento del salario mínimo por encima de la inflación. Se pretende reconocer derechos laborales a repartidores y conductores de aplicaciones, a la imagen de la legislación española.
La reindustrialización de Brasil, a partir de una estrategia nacional diseñada para que el país deje de depender de la importación de algunos bienes, principalmente de los relacionados con tecnología será fundamental para el marcado trabajo de la zona sur.
El sector agrícola (que moviliza a millones de brasileños) también tendrá la atenta mirada del nuevo Ejecutivo y cruzará por el fomento de la agricultura familiar y garantizar los precios mínimos de los alimentos para reducir el hambre.
