Dina Ndelini, trabajadora de viñedos en Ciudad del Cabo durante más de 40 años, perdió su salud, su trabajo y su hogar debido a la exposición a un pesticida prohibido en la Unión Europea (UE). Su caso es un ejemplo de la lucha que enfrentan los trabajadores agrícolas sudafricanos contra la importación de pesticidas tóxicos desde Europa.
El pesticida en cuestión, Dormex, contiene cianamida, una sustancia considerada altamente peligrosa por la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) y prohibida en la UE desde 2009. Sin embargo, este producto químico, junto con otros 56 pesticidas prohibidos en la UE, se sigue utilizando en Sudáfrica.
La historia de Dina fue una de las muchas compartidas en un reciente Tribunal Popular sobre Agrotóxicos, celebrado en Stellenbosch, Sudáfrica. Este tribunal comunitario brindó un espacio para que los trabajadores agrícolas expusieran el impacto de los pesticidas en sus vidas, desde daños pulmonares hasta cáncer de ovarios y problemas de visión.
Los trabajadores agrícolas sudafricanos piden a Europa que deje de enviar “venenos”
“Como trabajadores agrícolas decimos basta, no queremos más pesticidas de Europa”, declaró Dina, instando a la UE a “dejar de enviarnos sus venenos”. Este sentimiento fue compartido por otros trabajadores, quienes cuestionaron la doble moral de Europa al permitir el uso de productos prohibidos en su territorio en otros países.
Según el Centro Africano para la Biodiversidad, en Sudáfrica se utilizan legalmente 192 pesticidas altamente peligrosos, 57 de los cuales están prohibidos en la UE. Estos químicos, algunos neurotóxicos y cancerígenos, representan una grave amenaza para la salud de los trabajadores y el medio ambiente.
Los trabajadores agrícolas, que a menudo viven cerca de las zonas de fumigación, son los más expuestos a estos peligros. Sus condiciones laborales precarias, caracterizadas por contratos inestables, bajos salarios y falta de protección, los hacen especialmente vulnerables.
La mujeres, las más perjudicadas por los pesticidas
Las mujeres trabajadoras son particularmente afectadas debido a factores biológicos y sociales. El proyecto Women on Farms (WFP) denuncia la falta de equipo de protección personal y la ausencia de acceso a necesidades básicas como agua corriente y aseos en los viñedos.
La situación refleja las profundas desigualdades arraigadas en el pasado de apartheid de Sudáfrica, donde los terratenientes “boers” aún dominan muchas explotaciones agrícolas. Los trabajadores, con escasa voz en la gestión de estas fincas, sufren las consecuencias de un sistema que prioriza los beneficios económicos sobre su bienestar.
El Tribunal Popular sobre Agrotóxicos evidenció la urgente necesidad de abordar este “comercio tóxico” y proteger la salud de los trabajadores agrícolas sudafricanos. La lucha por un futuro libre de pesticidas peligrosos continúa.
