El Fondo Monetario Internacional (FMI) aseguró que Argentina podrá acceder a los desembolsos extra del futuro acuerdo, incluso si el Congreso rechaza el programa o no lo trata en sus cámaras.
“Asegurar el apoyo del Congreso es una decisión de las autoridades tal como lo establece la legislación interna argentina. Y al mismo tiempo, por supuesto, como acabo de señalar, un amplio apoyo político y social puede mejorar la implementación del programa. Las preguntas relacionadas con el proceso específico para lograr o buscar el apoyo del Congreso deben dirigirse realmente a las autoridades argentinas porque es una cuestión de derecho interno”, explicó Julie Kozack, directora de comunicación del FMI.
Cuál es la postura del FMI con respecto al Congreso
Y completó: “Desde nuestro lado, como señalé, las negociaciones continúan de manera constructiva. En términos del proceso desde el lado del FMI, una vez que se completen las negociaciones, como con cualquier programa del FMI o programa propuesto, el acuerdo final, los documentos requerirán la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI”.
Fuentes oficiales del FMI aclararon que “para que el Directorio Ejecutivo del FMI pueda aprobar el programa será necesario que las autoridades aborden los requisitos legales a nivel nacional”. Esto implica que, si no hay Ley Guzmán, el Presidente debería firmar un decreto para cumplir con el pedido formal del Fondo.
El FMI negocia con el Ministerio de Economía, no con el Congreso. En este contexto, el concepto de autoridad se refiere al Palacio de Hacienda, que representa al presidente Javier Milei. Milei, además, mantiene un vínculo cercano con Kristalina Georgieva y ha participado activamente en las conversaciones en el G7 y el G20.
Los respaldos para lograr un nuevo desembolso
El presidente argentino cuenta con el respaldo de Donald Trump, quien controla el FMI a través del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Tras el encuentro entre Milei y Trump, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, recibió a Luis Caputo en su despacho en DC. En esa reunión, Caputo detalló su plan de ajuste económico y el programa que negocia con el FMI.
Bessent escuchó atentamente y confirmó que la Casa Blanca apoya al gobierno de Milei. Sin embargo, ese respaldo no resuelve las objeciones técnicas del FMI ni garantiza que el Congreso apruebe los desembolsos extra. Estos fondos fortalecerán las reservas del Banco Central y podrían abrir el cepo financiero.
Dentro del FMI, Argentina genera recelo. Muchos exfuncionarios del organismo ahora enseñan en universidades de Estados Unidos o disfrutan del retiro en Miami, recordando sus experiencias en Buenos Aires. Georgieva busca proteger a su equipo y sostiene un debate tenso con Caputo, a la espera de que el Tesoro de EE.UU. defina la posición final.
Una vez que finalice la negociación técnica, se conocerá el Staff Level Agreement (SLA), que explicará los compromisos asumidos por Argentina para recibir los fondos extra. Ese documento será evaluado por el directorio del FMI, que normalmente tarda dos semanas en aprobarlo.
La Ley Guzmán, una disyuntiva para el gobierno
Mientras el SLA sea analizado en el FMI, el Congreso argentino debatirá su contenido y alcance. La Ley Guzmán obliga al Poder Ejecutivo a someter cualquier acuerdo con el FMI a tratamiento legislativo.
“Dada la importancia estratégica que tiene este acuerdo para la Argentina, quiero anunciarles que en los próximos días le pediré al Congreso que apoye al Gobierno en este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”, declaró Milei recientemente.
Y agregó: “Este nuevo acuerdo nos brindará las herramientas para allanar el camino hacia un esquema cambiario más libre y eficiente para todos nuestros ciudadanos y para poder atraer mayores inversiones que se traduzcan en menor inflación, mayor crecimiento y nivel de empleo, con las consecuentes mejores salarios que implican menor cantidad de pobres e indigentes”.
Hasta anoche, la Casa Rosada planeaba enviar al Congreso el pedido de aprobación del acuerdo sin detallar términos técnicos. Esta decisión contradice la Ley Guzmán, que exige informar las metas y obligaciones del endeudamiento antes de emitir un dictamen político.
Si el Ejecutivo no remite el SLA junto con la solicitud de aprobación, estará evadiendo el espíritu de la norma creada por el exministro de Economía. Milei y Caputo pueden argumentar que la ley no exige explícitamente acompañar el SLA, pero los legisladores necesitarán conocerlo para tomar una decisión informada.
Más allá de los debates políticos y legales, el Gobierno necesitará mayorías simples en Diputados y el Senado para aprobar el acuerdo. En el actual escenario político, reunir esos votos será un desafío.
A pesar de estas complicaciones, Kozack dejó claro que la aprobación final del acuerdo depende del board del FMI. Esa decisión estará influida por Trump, quien ve a Milei como un aliado clave en América Latina.
