En una entrevista con Canal 12, Micaela Gacek, abogada y referente libertaria en Misiones, compartió su postura sobre la baja de la edad de imputabilidad, un tema que tomó relevancia tras casos de violencia protagonizados por menores en el país. La propuesta, que contempla una reforma para disminuir la edad de imputabilidad penal a los 14 años, sigue siendo debatida en diversas comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación.
Gacek, quien expresó su apoyo a esta medida, argumenta que “la justicia debe tomar acciones concretas ante la delincuencia” y sostiene que la legislación penal necesita actualizarse a las demandas sociales.
En ese sentido, la dirigente indicó que se deben considerar dos factores: que el Código Penal argentino -vigente desde 1921- y el régimen penal juvenil -instaurado en 1980 durante la dictadura militar- ya están desactualizados frente a la realidad actual. “Las leyes deben ser dinámicas, no estáticas y deben adaptarse al contexto social”, afirmó.
Los argumentos de Gacek a favor de la baja en la edad de imputabilidad
Para la abogada, la baja en la edad de imputabilidad debe ser vista no como una medida aislada, sino como parte de un conjunto de acciones que busquen mejorar la seguridad pública. Sin embargo, declaró que la idea de “delito de adulto, pena de adulto” debe aplicarse también en el caso de los adolescentes. Argumentó: “Si un menor es capaz de robar un auto, conducirlo y causar la muerte de otra persona, entonces debe afrontar las consecuencias de sus actos como lo haría cualquier adulto”.
La propuesta del Gobierno nacional, que originalmente planteaba bajar la edad de imputabilidad a 13 años, ahora se encuentra en debate, con algunos sectores sugiriendo que podría fijarse en 14 años. Gacek aclaró que, independientemente de la cifra exacta, “no se está proponiendo algo aberrante”, pues el Código Civil de la Nación ya establece que se es adolescente a partir de los 13 años.
“Podríamos prevenir que más menores cometan delitos”
La referente de Milei en Misiones también se mostró crítica frente a quienes argumentan que la reinserción social debe ser la prioridad y criticó la falta de programas eficaces y las condiciones de las cárceles, que según ella, lejos de reinsertar, terminan formando “expertos en criminalidad”.
Sobre el impacto que podría tener esta reforma en la reducción de la delincuencia, se mostró optimista tras señalar que podría servir como una herramienta de disuasión. “Al bajar la edad de imputabilidad, podríamos prevenir que más menores cometan delitos”, agregó.
En cuanto al panorama local, tiene la visión de trabajar en la “prevención del delito” y la “educación”. Mencionó que para que estas políticas tengan éxito es necesario un “cambio estructural en el Estado”. En ese aspecto, propuso una “reestructuración” de las funciones estatales para destinar más recursos a áreas clave como educación y salud mental, elementos que considera fundamentales para la transformación social a largo plazo.
“Es momento de que el sistema de justicia deje de proteger a quienes hacen daño y comience a proteger a las personas de bien”, concluyó.
Aunque el tema sigue siendo objeto de debate, con opiniones encontradas sobre su viabilidad y sus efectos, la dirigente misionera dejó claro que el país necesita una reforma judicial acorde con las demandas de la sociedad actual.
