Durante la Marcha Federal Universitaria que se realizó en la capital del país se leyó un documento que enumeró las principales demandas del sector.
La Marcha Federal Universitaria de este miércoles reunió a miles de miles de estudiantes, docentes y trabajadores del ámbito universitario en defensa de la educación pública en Argentina. En el Congreso, se presentó un documento durante la masiva movilización y destacó diez puntos esenciales que reflejan las demandas y preocupaciones del sector educativo.
El primer punto subraya la necesidad de aumentar el presupuesto destinado a las universidades nacionales. Los participantes reclamaron que la falta de recursos afecta la calidad de la educación y la infraestructura de las instituciones. “Paritarias discontinuadas, unilaterales y sin voluntad de acuerdo profundizaron la pérdida del poder adquisitivo del salario”, marcaron en el documento que se leyó. En esa línea, sostienen que un mayor financiamiento es clave en la formación académica y la investigación.
En segundo lugar, el documento enfatizó en la campaña de desprestigio que realizó el gobierno nacional para escudarse ante la masiva protesta. “Todos los intentos que promovimos para buscar espacios que permitan gestionar las dificultades y encontrar soluciones fueron infructuosos. Hizo falta que la sociedad se manifestara conmovedoramente en toda la Argentina para que empezáramos a tener algunas respuestas”, resaltaron.
Recomposición salarial y gratuidad garantizada
Por ello, señalaron la importancia de garantizar la gratuidad de la educación superior. Los manifestantes expusieron que el acceso a la universidad debe ser un derecho y no un privilegio. Asimismo, destacaron el riesgo que representan las políticas que intentan implementar aranceles.
De esta manera, el tercer punto se centró en la defensa de la educación pública frente a los intentos de privatización. Los participantes exigieron el fortalecimiento de las instituciones estatales y su independencia de intereses privados que pueden comprometer la formación de las nuevas generaciones.
Además, los manifestantes hicieron hincapié en la necesidad de mejorar las condiciones laborales de docentes y no docentes. Las condiciones precarias y la falta de estabilidad laboral generan un impacto negativo en la calidad de la enseñanza y en el bienestar del personal que trabaja en las universidades.
Más financiamiento a la investigación
Otro de los reclamos abordó el acceso a la investigación y la necesidad de promover proyectos que incluyan a todos los sectores de la comunidad educativa. Los participantes afirmaron que el conocimiento debe ser un bien común y que todas las voces deben ser escuchadas y tenidas en cuenta.
“La crisis que atraviesa el sistema científico es más profunda y será terminal si no se consideran medidas urgentes. La falta de actualización salarial de los docentes-investigadores, junto con la reducción del financiamiento para becas y programas de apoyo, afecta gravemente al sistema científico-tecnológico argentino”, enfatizó el documento.
Calidad de vida para el estudiantado
Entre los tópicos que preocupan a la comunidad universitaria está la calidad de vida de los estudiantes. “El acceso irrestricto está amenazado por la crisis económica y social que se profundiza con cada medida y afecta particularmente a estudiantes de todo el país. El acceso y la permanencia para los hijos e hijas de familias trabajadoras se convierten en una realidad cada vez más lejana”, puntualizaron.
El documento también hizo eco de la importancia de fomentar la formación y el acompañamiento de los estudiantes en su trayectoria académica. Se mencionó la necesidad de implementar políticas que apoyen a los alumnos en situaciones de vulnerabilidad, asegurando que todos tengan las mismas oportunidades de éxito.
Restitución de políticas de inclusión y perspectiva de género
También expresaron su preocupación por la violencia de género en el ámbito universitario. Se reclamaron políticas que prevengan y atiendan esta problemática con la creación de espacios seguros para todos los estudiantes. Asimismo, el séptimo punto exigió la implementación de políticas inclusivas que atiendan la diversidad y promuevan la equidad en las aulas. La inclusión de todos los sectores, incluidos aquellos con discapacidad, debe ser una prioridad.
El documento concluyó con un llamado firme a la unidad del movimiento estudiantil, docente y sindical. La movilización de cientos de miles de personas a lo largo del país demuestra la determinación de la comunidad educativa por defender la educación pública, gratuita y de calidad.
El documento completo:
