El próximo lunes entrará en vigor el nuevo sistema de registro de agentes de salud, que permitirá a los trabajadores en relación de dependencia decidir si sus aportes se dirigen directamente a prepagas, sin pasar por las obras sociales. Esta medida pone fin al esquema de triangulación vigente desde hace décadas, según confirmaron fuentes de la Superintendencia de Servicios de Salud. “No podemos pagar cualquier cosa”, destacaron desde el organismo, en referencia al uso de los recursos destinados al sistema sanitario.
La resolución 3284 de la Superintendencia, publicada en octubre, establece que las empresas de medicina privada que quieran seguir con fondos de los aportes de seguridad social deben estar obligatoriamente inscriptas en el registro. “Será el fin de lo que llamamos el ‘peaje de la salud’”, expresaron fuentes oficiales, refiriéndose a la comisión de entre el 3% y el 7% del valor del servicio que se cobraba por la intermediación. Según estimaciones gubernamentales, hasta 4.300.000 personas podrían optar por interrumpir este esquema a través de una plataforma habilitada por el Ministerio de Salud.
El impacto dependerá de las prepagas
El impacto financiero de esta decisión podría verse reflejado en la reducción de costos para los afiliados, aunque dependerá de las prepagas. “En casos donde la intermediación involucra obras sociales pequeñas, es probable que las cuotas bajen, pero no está claro si ocurrirá lo mismo cuando la triangulación se realiza con obras sociales grandes”, explicó al respecto un funcionario del Ejecutivo. Asimismo, se anunció que la app Mi Argentina será actualizada para permitir a los usuarios visualizar la distribución de sus aportes entre prepagas y obras sociales.
Además, en noviembre, el sistema de triangulación absorbió $41.158 millones, un monto que representa poco más de un tercio de los fondos destinados al Fondo Solidario de Redistribución (FSR). Este fondo se utiliza, entre otros fines, para cubrir gastos médicos de personas con discapacidad. Según datos de la Superintendencia, la cantidad de afiliados con discapacidad que recibieron ayuda del FSR creció un 13,5% interanual. Mientras que el subsidio per cápita aumentó un 150,7%, aunque por debajo de la inflación acumulada.
El Gobierno Nacional planea trasferir algunos gastos a las provincias
La Nación, no obstante, plantea transferir a las provincias la responsabilidad de financiar algunos gastos vinculados a personas con discapacidad, como transporte y educación, que actualmente son costeados con el FSR. En 2024, estas erogaciones representaron alrededor de $450.000 millones, dos tercios del total destinado a estas coberturas. Según señalaron fuentes oficiales, “detectamos irregularidades en facturaciones y creemos que estas responsabilidades deberían ser de las jurisdicciones”.
En tanto, en la Superintendencia defienden la medida con el argumento de que permitirá una mayor transparencia y eficiencia en el uso de los recursos. Aunque admiten que el debate sobre el financiamiento podría generar tensiones con las provincias. Ya que en lo que va del año, las coberturas de transporte y educación demandaron $671.530 millones. Tambien, el Gobierno insiste en que deben redefinirse las responsabilidades para garantizar la sostenibilidad del sistema.
Con información de La Nación.
