Luciana Barella, quien se encuentra a cargo de la Defensoría del Pueblo de Oberá, solicitó este lunes ante Municipio, la eliminación del subsidio destinado las empresas de transporte urbano Next y Tipoka. Este pedido alarmó a los vecinos de la Capital del Monte ya que de ser aprobado, representaría un fuerte aumento en el costo del pasaje.
Según estimaciones realizadas desde la Municipalidad de Oberá, sin el subsidio erogado a las empresas de transporte público, el costo del pasaje se elevaría un 220%. De esta manera, el boleto único con sistema digital pasaría de $850 a $1.870. Mientras que para el pago en efectivo, el valor se incrementaría de $1.000 a $2.200. Este aumento impactaría de manera brutal en la economía de los trabajadores que diariamente utilizan el sistema de transporte urbano.
En los porcentajes de aumento que se evalúan desde el municipio, en caso de tomarse esta medida, el costo que tendría que asumir una persona para concurrir a su lugar de trabajo se acercaría a los 200 mil pesos por mes. En pocas palabras, muchas personas tendrían que reconsiderar si les cierra económicamente la idea de pagar para trabajar.
Los argumentos de Barella
En declaraciones a medios locales, Luciana Barella afirmó que el organismo nunca estuvo de acuerdo con el sistema de retribución del servicio del transporte. Sin embargo, mediante audiencias públicas, se establecieron los montos de los boletos de colectivo urbano en septiembre pasado.
De esta manera, el boleto único con sistema digital se fijó en $850 pesos y en efectivo $1.000. Mientras que el boleto especial, digital $930 pesos y en efectivo $1.100. En este sentido, el boleto estudiantil y el de jubilados siguen siendo gratuitos según las ordenanzas que así lo establecen y en efectivo $1.000.
La situación de los estudiantes y jubilados
Por otra parte, la Defensora del Pueblo Interina, quien reemplaza por licencia a Carlos Bernhardt, no explicó de qué manera se sostendría o se solventaría la gratuidad del boleto para estudiantes y jubilados. Tampoco, detalló como se podría frenar los aumentos que requerirían las empresas para prestar el servicio.
En la misma línea, la Defensoría no se refirió al costo que tendría que asumir cada trabajador para continuar la actividad con la que se procura el alimento. Además, no mencionó los costos en recomposición salarial que tendrían que afrontar los empleadores para continuar su actividad comercial o productiva.
