La Cámara de Representantes estableció por ley el cuidado integral, temporal y no institucional para garantizar que quienes transiten la niñez o adolescencia y se encuentren privados de los cuidados parentales de su familia, debido a una medida excepcional de protección, puedan recibir afecto, se integren a una vida familiar y sus derechos sean protegidos por matrimonios, uniones convivenciales o personas individuales debidamente evaluadas, formadas, inscriptas y seleccionadas.
Los requisitos para que quienes aspiren al acogimiento familiar alternativo se inscriban en el registro único de familia son, tener domicilio en la provincia con una residencia anterior de dos años, tener más de 25 años de edad y una diferencia mínima de 15 años de edad respecto de la persona a recibir y presentar certificados penales, ya que no pueden inscribirse quienes tengan condena por delitos dolosos, medida cautelar vigente, privación o suspensión de la responsabilidad parental y remoción de la tutela por mal desempeño.
Los principios por los cuales se rige el acogimiento familiar alternativo son, entre otros, el interés superior de los sujetos que transitan la niñez y adolescencia; el resguardo de sus derechos a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta de acuerdo a su edad y grado de madurez; y la preservación de los derechos a la convivencia familiar y comunitaria, a la identidad, integridad e intimidad.
Este procedimiento debe ser limitado en el tiempo, con el fin de acompañar el proceso de desinstitucionalización, sin crear parentesco entre la familia de acogimiento y las personas que son recibidas.
Para inscribirse en el Registro Único de Familias Aspirantes al Acogimiento Familiar Alternativo creado por la norma, además de los requisitos mencionados, se deberán presentar certificados de libre deuda alimentaria; de aptitud psicofísica; declaración jurada de ingresos; acreditar residencia en vivienda propia o en locación; realizar las actividades de capacitación que se establezcan y presentar acuerdo de aceptación de ingreso al sistema, suscripto por los miembros del grupo familiar.
La ley surgió de la unificación de iniciativas de autoría de la diputada Silvia Rojas y el legislador Hugo Passalacqua, y de los ex legisladores Alicia Duarte, Lidia Batista, Oscar Alarcón y Juan Pablo Ramírez.
En los fundamentos del proyecto, Rojas explicó que este programa “lo que busca es procurar al menor que está en una situación de riesgo o de desamparo, el desarrollo y la protección integral en el seno de una familia que no es la suya, en la que participará y se integrará plenamente, y que le ofrecerá un ambiente familiar afectivo y positivo para su desarrollo”.
Para Passalacqua, es otra manera más de garantizar “la asistencia y fiel protección de los derechos humanos básicos, como son el derecho a la salud, a la nutrición, educación, vestimenta, y sobre todo al desarrollo integral de cada niño, niña y adolescente que se encuentre bajo protección del Estado provincial”.
