El Ministerio de Seguridad informó sobre la ampliación del ciberpatrullaje de las fuerzas federales, que ahora incluye los delitos de intermediación financiera no autorizada con criptoactivos. La medida, oficializada mediante la resolución 1330/2024, buscó prevenir estafas piramidales y fraudes financieros que afectan a miles de argentinos.
Cómo funciona el ciberpatrullaje y las nuevas medidas de control
Desde mayo de este año, las fuerzas ya contaban con autorización para monitorear casos de amenazas, acoso, venta de bienes ilícitos y otros delitos en espacios virtuales. Con la nueva medida, el alcance se amplió para abordar un problema creciente: los delitos financieros vinculados al uso de criptomonedas.
En los considerandos de la norma, el Ministerio argumentó que el avance de las transacciones con criptoactivos facilitó la proliferación de delitos ciberasistidos, como estafas y esquemas piramidales. Estas maniobras engañan a las víctimas con promesas de retornos irreales en inversiones, generando graves pérdidas económicas.
Además, se destacó que estos delitos afectan a personas de diversos estratos sociales y económicos, lo que resaltó la necesidad de un enfoque preventivo para evitar que las acciones delictivas se concretaran.
El nuevo alcance incluyó delitos como:
- Intermediación financiera no autorizada mediante criptoactivos.
- Estafas piramidales y fraudes financieros.
- Venta de bienes obtenidos ilícitamente.
- Lavado de activos y trata de personas.
- Terrorismo y tráfico de personas.
- Falsificación y comercialización de instrumentos públicos.
Este listado se sumó a los casos previamente autorizados, como el acoso, la amenaza de difundir imágenes sin consentimiento y el tráfico de drogas.
Las tareas de monitoreo se realizan únicamente en sitios web de acceso público y fuentes digitales abiertas, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326. La resolución también limitó el alcance al prohibir la acumulación de datos personales una vez que finalizaron las investigaciones preventivas.
Asimismo, aclara que no se interferirá con la libertad de expresión, y establece que los agentes tienen estrictamente prohibido:
- Obtener información sobre personas basada en raza, religión, opinión política o vida privada.
- Emplear métodos invasivos o ilegales para la recopilación de datos.
- Difundir información falsa o violar la dignidad de las personas.
El ciberpatrullaje no pretende judicializar actividades regulares de los usuarios en Internet, salvo que existiera evidencia de intención delictiva. Los materiales obtenidos deben ser destruidos si no se vincularon a un proceso judicial.
Desde el Ministerio de Seguridad argumentaron que la expansión de esta herramienta respondió a las demandas de una sociedad cada vez más digitalizada y a la necesidad de proteger a las víctimas potenciales de maniobras fraudulentas. “La intermediación financiera no autorizada mediante criptomonedas genera un perjuicio económico profundo. Es nuestra responsabilidad prevenir antes de que los delitos se materialicen”, expresaron desde la cartera.
El ciberpatrullaje recibió respaldo de leyes como la Ley de Seguridad Interior N° 24.059 y la Ley N° 26.733, que reforzaron las atribuciones del Ministerio para combatir delitos en el ciberespacio. La nueva resolución entró en vigencia de inmediato, sin representar gastos adicionales para el Estado.
