También ratificó la condena del ex jefe de la Policia Federal Santos, otro de los responsables dela muerte de manifestantes durante la crisis de diciembre de 2001.
La Corte Suprema confirmó este martes las condenas impuestas a los ex funcionarios del gobierno radical de Fernando de la Rúa, responsables de la represión ocurrida el 19 y 20 de diciembre de 2001, eventos que precedieron al quiebre institucional y provocaron la grave crisis de diciembre de 2001en Argentina. El fallo sella la responsabilidad penal de estos ex funcionarios en uno de los episodios más trágicos de la historia reciente del país.
Los ex funcionarios Enrique Mathov y Rubén Santos, condenados a cuatro años y tres meses, y a tres años y seis meses de prisión respectivamente, recibieron penas por homicidio culposo de tres manifestantes. Los fallos judiciales generan expectativas respecto a si estos ex miembros del gobierno deberán cumplir sus condenas en prisión, dado que ambos se encuentran en edad avanzada, Mathov tiene 76 años y Santos 78. Además, otros dos condenados ya fallecieron.
Los detalles de la condena por la represión en la crisis del 2001
En este contexto, el reciente fallo de la Corte se emite luego de que las defensas no lograran revocar la decisión ante la Cámara Federal de Casación Penal, donde argumentaron que la causa había prescripto. Los defensores solicitaron el sobreseimiento de sus clientes basados en el paso del tiempo y la violación del derecho a un juicio en un plazo razonable.
La represión policial dejó un legado de dolor: cinco manifestantes perdieron la vida en los alrededores de Plaza de Mayo y más de treinta personas fueron asesinadas en todo el país. La justicia ya había condenado a Mathov y Santos en un juicio anterior, reconociendo por primera vez la responsabilidad penal de los funcionarios políticos en el uso de la fuerza para reprimir protestas sociales.
La memoria colectiva de los argentinos sigue marcada por las imágenes de aquellos días trágicos. En este sentido, la defensa de Mathov alega que su cliente actuó sin intención de dañar, mientras que Santos sostiene que cumplió con su deber en un contexto excepcional. Ambos ex funcionarios continúan reclamando su inocencia, a la vez que sus defensas ponen de relieve el sufrimiento que han padecido durante dos décadas a causa de este proceso.
