La Justicia reabrió la causa de corrupción financiera contra el actual titular del Banco Central, Santiago Bausili, por presuntas maniobras en la deuda pública que beneficiaron a bancos.
Este martes, se conoció que la Cámara Federal de Casación Penal aceptó un recurso de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) en la causa que enfrenta Santiago Bausili por corrupción financiera. Se trata del actual presidente del Banco Central y exfuncionario del gobierno de Mauricio Macri.
Por otra parte, este revés judicial se produce días después de que Bausili asumiera su rol en el Banco Central, mientras lidia con una imputación por supuestas maniobras en la toma de deuda pública que resultaron en su procesamiento bajo la ley de ética pública en 2018.
De esta manera, la Sala II de Casación, integrada por los jueces Alejandro W. Slokar y Ángela E. Ledesma, con la disidencia del juez Guillermo J. Yacobucci, decidió dar curso al recurso de la PIA. Esta medida reabre el análisis de la resolución emitida por la Cámara Federal de Apelaciones, que favoreció a Bausili al revertir su procesamiento por segunda vez. Con esta decisión, el máximo tribunal penal busca revisar el beneficio otorgado a quien se encuentra representado legalmente por el estudio de Mariano Cúneo Libarona, actual ministro de Justicia.
Cuál es el trasfondo de la causa por corrupción financiera de Santiago Bausili
Cabe destacar que la causa gira en torno a operaciones financieras que Bausili habría realizado durante su gestión como secretario de Finanzas bajo la dirección de Luis Caputo, quien hoy se desempeña como ministro de Economía del gobierno de Javier Milei. Ambos, tras dejar la función pública, fundaron la consultora Anker Latinoamérica S.A.
En ese sentido, la investigación a cargo del fiscal Federico Delgado y dirigida por el juez Sebastián Casanello sostiene que Bausili, en su rol de secretario de Finanzas, lideró diversas gestiones oficiales que incluyeron reuniones privadas con colegas de entidades bancarias para la colocación de deuda pública.
A partir de la maniobra investigada, según la PIA, generó beneficios millonarios para Deutsche Bank, la antigua empleadora de Bausili. Deutsche Bank habría actuado como intermediaria financiera en estas operaciones y, a cambio, percibió comisiones significativas. Estas gestiones resultaron en un aumento récord de la deuda pública argentina, la cual alcanzó los u$s100.000 millones durante el período en que se efectuaron las operaciones.
Por otra parte, las imputaciones se centran en la supuesta violación de la ley n.º 25.188 de ética pública, cuyo artículo 13 prohíbe a los funcionarios públicos involucrarse en decisiones que beneficien a empresas para las cuales trabajaron en el pasado.
A tener en cuenta, esta ley establece que resulta incompatible con el ejercicio de la función pública “dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado”. Y agrega: “o que realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades”.
Las acusaciones y la intervención del Código Penal
Finalmente, la PIA argumenta que Bausili no sólo desoyó estas restricciones, sino que continuó percibiendo acciones y bonificaciones de Deutsche Bank, lo cual habría alcanzado una cifra aproximada de u$s200.000 mientras él ocupaba su cargo en el gobierno.
A través de esta remuneración continuada, el titular del BCRA habría comprometido su independencia para tomar decisiones en favor del interés público, sostienen los fiscales. En cambio, consideran que el exsecretario de Finanzas actuó en beneficio de los bancos a los que anteriormente representó. La maniobra ahora cuestionada habría generado ventajas sustanciales para sus antiguos empleadores, en detrimento del Estado argentino, que absorbió una deuda considerable.
Por ello, el Código Penal también interviene en esta causa, ya que su artículo 265 establece penas severas para quienes, en calidad de funcionarios públicos, participen en operaciones que los beneficien directa o indirectamente. Este artículo prevé penas de hasta seis años de prisión e inhabilitación perpetua para cualquier funcionario público que, “directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo”. Además, la normativa contempla la imposición de una multa de dos a cinco veces el valor del beneficio indebido, lo cual podría resultar en una sanción económica considerable para el exfuncionario.
Con este nuevo fallo de Casación, el proceso judicial continúa y pone en la mira las relaciones y compromisos económicos que Bausili sostuvo con entidades privadas mientras él gestionaba fondos públicos. La decisión de la Cámara Federal de Casación Penal abre un capítulo crítico en esta causa de alto perfil, con potenciales repercusiones tanto para el actual gobierno de Javier Milei como para la credibilidad institucional del Banco Central.
