A raíz de la medida de fuerza que tomaron los trabajadores de Intercargo, Patricia Bullrich realizó una denuncia con fuertes acusaciones.
El Ministerio de Seguridad, a través de Patricia Bullrich, tomó una drástica decisión al presentar una denuncia penal contra miembros de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y de Intercargo. Esta acción surge tras una medida de fuerza sorpresiva llevada a cabo en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, provocada por el despido de un trabajador durante el fin de semana.
Bajo este contexto, los delitos denunciados incluyen privación ilegítima de la libertad, extorsión y entorpecimiento del transporte aéreo, presentada ante el juez Julián Ercolini. La reivindicación laboral derivó en una situación caótica, donde varios pasajeros enfrentaron la imposibilidad de abordar sus vuelos y aquellos que ya estaban en los aviones, no pudieron descender.
La ministra Patricia Bullrich no dudó en calificar a los trabajadores que realizaron la medida como “delincuentes” que “secuestran a la gente por sus intereses corruptos”. Sus declaraciones reflejan la presión a la que se enfrenta el gobierno argentino en un contexto de conflictos laborales en el sector aeronáutico.
Cómo se desató el conflicto de Intercargo que derivó en la denuncia de Patricia Bullrich
El lunes por la mañana, los miembros de la APA, gremio que nuclea a empleados de rampas y de check-in, llevaron a cabo una asamblea que afectó la salida de vuelos, el despacho y el retiro de equipajes, así como el descenso de los aviones. Toda esta situación colaboró en crear un ambiente de frustración y malestar entre los pasajeros. Sin embargo, Aerolíneas Argentinas logró operar sin inconvenientes.
Desde el Ministerio de Seguridad informaron que la asamblea culminó con la retención de 2,100 pasajeros en los aviones por varias horas, impactando tanto en Aeroparque como en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La denuncia subrayó que un total de diez vuelos se vieron afectados, de los cuales seis, con aproximadamente 900 personas a bordo, permanecieron en las pistas de Aeroparque. A su vez, 1,300 pasajeros experimentaron problemas en Ezeiza debido a la medida de fuerza.
La aerolínea Flybondi reportó que más de 940 pasajeros se encontraban en fase de preembarque “que no podían abordar” y otros 370 “no podían descender de las aeronaves”. Por otra parte, JetSmart y el grupo Latam también denunciaron demoras significativas, resultados directos de la acción gremial. La situación escaló cuando Bullrich informó sobre pasajeros “descompuestos” y con “ataques de pánico”, lo que llevó a una respuesta rápida y por parte de las autoridades.
Una situación en escalada
La situación se tornó crítica. Bullrich describió el caos en el aeropuerto, donde la falta de escaleras y rampas complicó el descenso de los pasajeros. Para brindar solución, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, junto con el secretario de Transporte Franco Mogetta, trabajó para desocupar los aviones tras más de dos horas de operaciones. “Estos delincuentes secuestran a la gente por sus intereses corruptos. La PSA se encuentra ahora bajándolas de los aviones y, además, llegan refuerzos de Gendarmería y Prefectura”, explicó la ministra.
Mogetta tildó estas acciones de “salvajes”, afirmando que los pasajeros fueron “tomados de rehén”. El secretario de Transporte agregó que se dieron instrucciones para presentar las denuncias penales pertinentes para que la Justicia actuara con celeridad, recuperando la libertad de los pasajeros.
La denuncia fue firmada por Fernando Oscar Soto, abogado y Director Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales del Ministerio de Seguridad. De acuerdo con la versión oficial, el conflicto comenzó cuando Intercargo despidió a un coordinador del servicio de descarga de equipaje que había abandonado su puesto. Esta decisión motivó a los gremios a realizar asambleas informativas en demanda de la reincorporación del trabajador.
Quiénes enfrentan las acusaciones del Ministerio de Seguridad
Desde la APA, argumentaron que el despido fue “arbitrario y sin causa”, advirtiendo que podrían haber “demoras por reuniones informativas”. A pesar del contexto, los trabajadores afirmaron que no permitirían provocaciones y responsabilizan a Fernando Montes, presidente de Intercargo, por el clima de tensión en medio de negociaciones paritarias interrumpidas.
La situación se volvió insostenible para los pasajeros atrapados en los aviones, quienes padecieron calor extremo por la falta de ventilación. Mientras tanto, en el aeropuerto, aumentaron las filas de pasajeros a la espera de respuestas, mientras que las maletas se acumulaban, afectadas por el procesamiento interrumpido. La denuncia del Ministerio de Seguridad también mencionó que entre los pasajeros afectaron se encontraban mujeres embarazadas y niños, quienes soportaron un encierro prolongado en las naves.
